• Fue un montaje del gobierno federal con fines políticos, distintos al de combatir a la delincuencia
• Necesario eliminar figura del arraigo, acotar utilización de testigos protegidos y fortalecer la presunción de inocencia
Conferencia de prensa del senador del PRD, Carlos Sotelo García, en el Palacio Legislativo de Xicoténcatl.
Carlos Sotelo García (CSG). (Inaudible) Primera opinión sobre la declaración que hace algunos momentos hizo pública el procurador General de la República, el licenciado Chávez Chávez, respecto del suceso conocido como el Michoacanazo.
Como se sabe, en Senado de la República, en el mes de septiembre de hace un año, hace ya un año, determinó constituir un grupo plural de trabajo para dar seguimiento a este suceso: conocer, ahondar, detallar y fijar una posición desde el Senado de la República de los motivos, de las motivaciones que hicieron posible el llamado Michoacanazo, porque desde aquellos, desde hace más de un año, a varios senadores de la República de distintos partidos políticos, nos pareció que las cosas no eran como nos la estaba platicando el gobierno federal, que había elementos de duda, confusos, oscuros y que, por lo tanto, era procedente constituir un grupo plural de trabajo.
Y el Senado de la República lo aceptó, cosa que fue singular, hasta donde tenemos información nunca el Senado de la República había aceptado constituir un grupo de trabajo para estos temas, que en ese momento ya eran de procuración y de carácter judicial. Cuando el grupo plural se construyó ya estaban consignados en la cárcel federal de El Rincón, en Nayarit 31 procesados, 31 ex funcionarios y uno más, (inaudible), 32; tres habían sido liberados al término del arraigo, tres de los detenidos originalmente, y uno más estaba prófugo, son los 36.
El Senado de la República, por lo tanto, conformó este grupo de trabajo que me tocó a mí coordinar y en varios meses de una intensa agenda de reuniones con familiares, con abogados y con autoridades gubernamentales de procuración de justicia y de impartición de justicia, fue relevante las reuniones que tuvimos con el secretario de Gobernación, en ese momento, Fernando Gómez Mont, con el procurador General de la República, Chávez Chávez, varias reuniones con el Consejo de la Judicatura, con quien también nos reunimos, y con otros funcionarios.
Y la conclusión a la que arribó el grupo plural del Senado era que el Michoacanazo fue un montaje de la autoridad federal, fue un acontecimiento armado con un interés distinto al de combatir a la delincuencia, que no era un combate, no era un enfrentamiento, no era desmantelar, como lo dijo Felipe Calderón, en su evento de Palacio Nacional al entregar su informe de gobierno hace un año, no era el desmantelamiento de una importante red de funcionarios públicos cómplices de la delincuencia organizada.
Y con esa convicción, el grupo plural del Senado de la República gestionó, primero, el traslado de la cárcel federal de El Rincón, de Nayarit, a una cárcel estatal en la ciudad de Morelia, lo cual se logró después de una ardua labor de construir la base de un acuerdo que se hizo, político también, pero fue jurídico.
Se tuvo que modificar un acuerdo del Consejo de la Judicatura del Diario Oficial de la Federación que establecía la modalidad para que, derivado de la consignación de presos federales de alta peligrosidad, los jueces en ese momento estaban impedidos, para autorizar en su caso el traslado a una prisión diferente. Se modificó ese acuerdo y finalmente pudieron ser trasladados.
También se trasladó la jurisdicción, de los jueces que estaban conociendo la causa de Tepic, Nayarit se erradicó la jurisdicción, la competencia para conocer de los casos y resolverlos, a tres jueces de los (inaudible) de Michoacán.
Ése fue el primero logro del grupo plural del Senado. Y el segundo logro fue insistir ante el Poder Judicial de la Federación, magistrados que estaban conociendo de los juicios de amparo, (inaudible), lo que en nuestra opinión eran los elementos legales para demostrar la inocencia de los 32 funcionarios que ya estaban en la cárcel local del estado de Michoacán.
Son inocentes, no son responsables, no son culpables de lo que la autoridad federal ha venido expresando, tan no lo son que las autoridades de procuración de justicia aceptaron suscribir un documento en el que reconocían que no eran de alta peligrosidad estos ex funcionarios.
El arraigo, primero, y la radicación de la causa en Nayarit, tuvo que ver con una definición de alta peligrosidad, eso se rectificó y la propia PGR suscribió un documento donde se reconocía que no eran de alta peligrosidad, y por lo tanto, era sujetos de ser trasladados a una cárcel pública local en el estado de Michoacán.
Quien se tome en tiempo para revisar el expediente encontrará que es un expediente hueco, no hay pruebas, no hay evidencias; aquí se estaba aplicando un principio que no es el constitucional, era el que estaba siendo acusado se le estaba queriendo obligar a demostrar su inocencia, y es al revés, en nuestro orden jurídico mexicano el que acuse está obligado a probar. Y la PGR contra todo lo que dijo ahora el procurador Chávez Chávez, no pudo acreditar una sola prueba, un solo elemento objetivo de culpabilidad de estos hoy 32 funcionarios, casi todos liberados, queda uno, Armando Medina, ex alcalde de Nueva Italia, o Mújica, como se le conoce en Michoacán. Va a ser liberado también Armando Medina, porque también es inocente de esta averiguación.
El grupo plural del Senado, por lo tanto, expresa en principio su satisfacción por la labor desarrollada, por el trabajo emprendido contra la adversidad en aquel momento. Y vamos a solicitarle una nueva entrevista al procurador General de la República para que la próxima semana tenga a bien reunirse con el grupo plural del Senado, que no se ha disuelto. Hemos acordado que funcionará hasta que se resuelva todo el asunto del Michoacanazo, y se resolverá cuando quede liberado el número 32, como tendrá que suceder en los próximos días. En tanto esto no sucede, vamos a realizar la próxima semana una sesión de trabajo y entre hoy y mañana le vamos a solicitar una cita al procurador General de la República para que tenga a bien, si así lo considera, nos explique qué cosa quiso decir hoy a la opinión pública, qué mensaje quiso mandar a los liberados, qué mensaje quiere enviar a las instituciones de la República respecto de lo que hoy dijo que no se le entiende.
Por que él dirá lo que quiera pero lo cierto es que no pudo acreditar un solo elemento objetivo de prueba, de responsabilidad.
Los testigos protegidos son delincuentes que se acogieron a un programa de la PGR para señalar a varios de quienes fueron sus superiores jerárquicos y que estaban iniciando o estaban desarrollando averiguaciones para consignar penalmente a quienes estaban acusados de delitos graves del fuero común y algunos del fuero federal.
En vez de que los alcanzara la mano de la justicia, que ya estaba cerca, se acogieron a la PGR para denunciar o para enderezar acusaciones sin fundamento contra varios de los que habían sido sus superiores jerárquicos en aquellos momentos en el estado de Michoacán.
El gobierno federal, Felipe Calderón, el procurador General de la República están obligados a dar una explicación. Felipe Calderón se llenó la boca el 3 de septiembre del año pasado cuando afirmó que habían asestado el golpe más severo a una red de funcionarios públicos cómplices de la delincuencia organizada, eso es falso, es absolutamente falso, y está obligado a actuar en consecuencia.
El 26 de mayo de este año, el grupo plural de trabajo del Senado respecto del Michoacanazo presentó una iniciativa de reforma constitucional para hacer la reforma de la reforma. La reforma penal que el Congreso mexicano había autorizado hace más de un año, a la luz de la experiencia que hemos cursado, pero particularmente a la luz de la experiencia que vivimos respecto del Michoacanazo.
¿Qué estamos presentando o qué estamos proponiendo que el Congreso discuta? Con base en la iniciativa que presentó el grupo plural el 26 de mayo de este año: la eliminación de la figura del arraigo, por ser inconstitucional. No puede estar en la Constitución, aquí la autoridad se ha ido por la vía fácil de detener, arraigar y consignar. Y como en el caso del Michoacanazo, yo estoy seguro que muchos ciudadanos, cientos de ellos, están en cárceles siendo inocentes o, por lo menos, no habiendo los elementos suficientes de prueba de la autoridad para consignarlos en penales federales. Eliminar, por tanto, la figura del arraigo.
Precisar la utilización de la figura de los testigos protegidos, acotarla.
Tres. Fortalecer el principio de presunción de inocencia en la Constitución General de la República, que prevalezca, no puede ser el principio de que tú eres acusado y demuestra tu inocencia, debe ser al revés.
Estamos incluyendo establecer en la Constitución la figura de responsabilidad de la autoridad cuando inventando causas, armando montajes se detenga a inocentes y pasado el tiempo se demuestre la inocencia de estos. Cuando esto sucede, la autoridad que haciendo uso político y partidario de las instituciones de procuración de justicia, debe ser sometido a procedimientos de sanción. No puede ser: pues nos equivocamos o un disculpe, en un extremo que ni siquiera eso quieren hacer, y no tengan responsabilidad. Deben ser sujetos de responsabilidad.
No podemos permitir que la autoridad utilice a las instituciones con un objetivo distinto real al de combatir a la delincuencia.
Bueno, yo coincido en que con el tema del Michoacanazo el gobierno federal y la PGR, en particular, hicieron el ridículo, pero han generado un grave daño a muchas familias y a muchos funcionarios, varios de ellos con expedientes limpios durante una larga trayectoria en el servicio público.
Hicieron el ridículo, no estaba Chávez Chávez, él no era el procurador, pero hoy lo es y está obligado él a asumir la consecuencia y la responsabilidad de ejercer ese cargo.
Pero déjenme decirles que también me parece poco acertado que el presidente nacional de mi partido, Jesús Ortega, hoy esté saliendo con mucha firmeza y valentía a decir cosas que no se atrevió a decirlas y a hacerlas hace un año.
El Consejo Nacional de mi partido, del PRD, conoció y aprobó una resolución por la cual se mandataba, se le ordenaba al presidente nacional del PRD, a trasladarse a la cárcel federal de El Rincón a hablar con los procesados, algunos de ellos fundadores del PRD, y también para que el secretariado y la Comisión Jurídica Nacional, que encabezaba Jesús Ortega y Hortensia Aragón, elaboraran un plan de acción de defensa jurídica y política de los procesados del Michoacanazo.
En ese tiempo estaban los 31 en El Rincón y uno en Puente Grande y nunca dijeron nada, nunca hicieron nada, se quedaron callados, convalidaron esta acción del gobierno de Felipe Calderón, la validaron, y hoy me parece poco correcto que estén queriendo asumir la consecuencia de una acción que ellos no respaldaron, desacatando, inclusive, una resolución unánime del Consejo Nacional de nuestro partido.
Bueno, termino diciéndoles, ratificándoles nuestra decisión como grupo plural de solicitarle una cita al Procurador para dialogar lo que él hoy ha afirmado.
El juez, los jueces ordinarios, tenemos… el grupo plural del trabajo en el Senado sostuvo muchas reuniones, nos reunimos en diversas ocasiones en la ciudad de Morelia y tenemos testimonios (inaudible) lo contrario de la legalidad, de la calidad de los trabajos de los jueces, de los magistrados, y del juez primero, en particular, que es el que ha estado ordenando la liberación.
Ante reiteradas notificaciones para que los testigos protegidos acudieran a Morelia a los careos, la PGR nunca los apersonó, todas las evidencias o pruebas que pidió el juez nunca la PGR las aportó.
Sin duda estamos ante la presencia de un juez que supo actuar con independencia, con diligencia, con profesionalismo y creo que la PGR se equivoca hoy al querer tender una cortina de humo queriendo poner en duda la calidad de un juez que me parece ha actuado correctamente.
Pues sería eso lo que quería comentar con ustedes esta mañana.
P. Senador, Gerardo Cedillo, de Radio Mil, con respecto a esta declaración que hace Chávez Chávez de que, pues ahora pone en tela de juicio la probidad del juez que liberó a los 36, 35 acusados del Michoacanazo, preguntarle ¿si ahora la PGR con este fracaso y con el fracaso que ha demostrado ser la figura del arraigo pues ahora vaya en contra de los jueces?
Que ahora los culpables de los errores de esta guerra y de estos montajes que viene haciendo el gobierno van a ser ahora los jueves, ésa sería mi pregunta.
CSG. Van camino a un nuevo fracaso, sin duda, lo que ha iniciado hoy Chávez Chávez es la ruta de un nuevo fracaso, de una nueva exhibida de su actuación, y eso debilita a la PGR, la debilita enormemente en lo que realmente se requiere para combatir a la delincuencia.
Como el grupo plural trabajó muy de cerca con los jueces, se reunió muchas ocasiones, vamos a hacer un informe para, inclusive poner las fechas y los tiempos en que el grupo plural se reunió permanentemente con los jueces. Conocemos del trabajo correcto y la calidad del trabajo del juez.
Y la negativa de la PGR para una y otra y otra y otra vez negarse a aportar los elementos objetivos de culpabilidad o responsabilidad de los inculpados, por lo cual el juez no tuvo elementos para confirmar la acusación, y en su caso imponer condenas privativas de libertad por tiempo determinado, e insisto, la PGR, déjenme les entrego más tarde el documento donde reconocen que no son de alta peligrosidad.
De ahí, eso fue lo que hizo posible el traslado a Morelia, y de ahí a la libertad, primero el 12 de enero… el primero el 30 de enero, 12 de ellos, y luego el resto pues no quedaba sino un pequeño paso.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República, lo que a mí me dieron en las últimas reuniones que sostuvimos era que la sorpresa era por qué el 30 de enero no habían sido liberados los 32, por qué nada más 12, porque siendo la misma averiguación, siendo la misma acusación, por qué solamente 12 y no todos de una vez, que la PGR esperaba que todos salieran el 30 de enero de este año, lo cual no sucedió. Y ha tenido que irse yendo lentamente.
Tiene que ver con que los procesados decidieron cursar distintas vías de demanda jurídica de su libertad.
Unos agarraron la ruta larga, otros una ruta más corta, y eso fue lo que motivó que en el tiempo se fuera espaciando la liberación de cada uno de ellos… Luis Coppola, del grupo plural, buenos días.
P. Senador, preguntarle, bueno, usted aclaró todo lo que tienen pretendido o piensa hacer, pero mi pregunta concreta, senador, es… y bueno, ¿van a permitir que nada más se les ofrezca disculpas a estos, a estas personas y que ahí quede, como se dice comúnmente, y ahí murió, o cuál va a ser el siguiente paso, porque finalmente hubo una pifia del gobierno federal a través de la PGR?
CSG. El gobierno federal ni siquiera eso quiere hacer, la tiene que dar, está obligado a expresarla y otorgarla, una reparación del daño al menos moral, al menos.
No, no va a quedar, ahí, el grupo plural resolvió establecer dos condiciones respecto de este tema de la reparación del daño, o de la disculpa pública para por lo menos aliviar un poco la gran… el terrible daño que se le infligió a todo este grupo de ciudadanos del estado de Michoacán.
Por un lado establecer que si ellos, los 31, y pronto 32, liberados resuelven iniciar un procedimiento legal para demandar reparación del daño, material económico y político, contarán con el respaldo del grupo plural del Senado para que eso pueda tener guía, pueda tener curso, pero establecimos con los liberados, los primeros hace varios meses que eso dependería estrictamente de ellos.
Nosotros no podemos suplantar la decisión que tiene que ser personalísima de todos o de algunos de ellos. De decirlo contará con nuestro respaldo y apoyo jurídico y político.
Dos. Concluimos también de que a efecto de que otras experiencias que se presenten sobre el caso no pueden ser motivo de voluntad política o de humor, del estado de humor de la autoridad, tiene que estar en la ley.
Por eso presentamos la iniciativa de reforma del 26 de mayo, entre los cuatro puntos incluimos la figura de responsabilidad de la autoridad, de tal manera que toda causa que al final se demuestra sea inventada, sea un montaje, le derive por oficio el iniciar un procedimiento de sanción administrativa y en su caso penal de la autoridad que resulte responsable.
Si esta reforma hubiera estado vigente durante el Michoacanazo estaríamos presenciando hoy el inicio de un procedimiento para castigar a quienes utilizaron las instituciones, en este caso la PGR y hasta el Ejército mexicano porque los llevaron a hacer aprehensiones que no tenían fundamento.
Quiero decirles, además, que derivado de la recomendación de la CNDH, porque hay una recomendación en la que establece una serie de responsabilidades de violación de domicilios, de oficinas públicas, de actuación indebida, están sujetos ya a procedimientos administrativos, inclusive hasta penales, varios de los funcionarios y de los del cuerpo de tropa que participó el 26 de mayo en la detención de la mayoría de los ex funcionarios en Morelia, Michoacán, y en otras partes del estado.
Y por eso también, eso cuenta, están sujetos a responsabilidad… ya hasta se me fue la idea… es decir, de haber decisión de ellos de demandar vamos a apoyarlos.
Puede ser que todo el grupo lo decida, o puede ser que algunos lo decidan, miren, yo los conozco, yo con ellos he platicado muchas veces, muchas horas, tanto en Tepic, como en Morelia o ahora en sus hogares.
Ése es el acuerdo que tomó el grupo plural, la próxima semana va a sesionar el grupo plural para avanzar en un balance final, en un informe final que vamos a presentarle al Pleno del Senado.
Y, bueno, ahí vamos a volver a discutir si confirmamos esta decisión que tomamos cuando fueron liberados los primeros 12, que fue en aquel momento cuando lo platicamos y consideramos que era pertinente esperar la libertad de todos, y que en caso de iniciar tendrían nuestro respaldo.
Esto se va a confirmar en el grupo plural, yo espero que sí, y lo sabremos la próxima semana cuando sesione el grupo plural.
Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes para otros temas posteriores.
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD)reiteró que en Michoacán “se está construyendo la unidad en los hechoscon todas las fuerzas de izquierda a través de la organización y deltrabajo en tierra”. “El perredismo michoacano está actuando y actuará con la madurezsuficiente para mantener y fortalecer esta unidad en torno a susliderazgos históricos porque juntos habremos de definir un proyecto deauténtica izquierda que sirva como factor de unidad con el perredismonacional”, aseguró la dirigente estatal del PRD, Fabiola AlanísSámano.
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, ofreció su respaldo total al diputado federal Julio César Godoy Toscano, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) insista en continuar la persecución política en su contra. 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), fue presentada una queja en contra de Luisa María Calderón Hinojosa, por actos anticipados de precampaña.
La gratuidad de la educación, un avance en la construcción de una sociedad más democrática: PRD
Zacapu.- La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció a los fundadores caídos en la lucha por la transformación de un país mejor y más democrático.
